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Fundación Instituto para la Construcción de la Paz, FICONPAZ y Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana: Aprendiendo de su programa Fortalecimiento a los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, ConPaz.


Desde su independencia, Colombia ha padecido constantes confrontaciones armadas por el choque entre ideologías políticas distintas. En los años 90, se llegó a un punto cumbre en el conflicto por la entrada en juego de actores de economías ilícitas enfocados en obtener beneficios para sí mismos, a cualquier precio. Siempre la sociedad civil, especialmente en la ruralidad, fue la mayor perjudicada, pues secuestros, masacres intencionadas, muertes colaterales, constantes choques entre opositores, entre otros hechos, dejaron a su paso millones de vidas profundamente afectadas.


En esa misma década, el país llegó a acuerdos para fundar una nueva constitución política que promovía con ahínco, por primera vez, la participación ciudadana y civil, considerando a las comunidades y colectivos vulnerables o minoritarios. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer y a funcionar estrategias para hacer efectivo el mandato constitucional, como el Consejo Nacional de Paz, creado por ley en 1998.


El no saber cómo participar, el desconocer cómo organizarse, el no estar acostumbrados a que se escuchara su voz, el temor a la participación y la exposición pública, el desinterés de algunos gobiernos de turno por ese mecanismo de participación, hizo que el Consejo –conformado en aquel entonces por un 70% de representantes de instancias gubernamentales, y un 30% de la sociedad civil– se quedara en el papel, como un organismo ‘decorativo o de fachada’, con reuniones ocasionales y sin mayor impacto.


No obstante, por iniciativa y presión de la misma sociedad civil, tras los acuerdos entre el Gobierno nacional y las FARC, en 2016, se revivió y revitalizó la figura con el Decreto Ley 885 de 2017, bajo el nombre de Consejo Nacional de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización, como se le conoce en la actualidad.


Desde entonces, la Iglesia y otras organizaciones se han apropiado de esta instancia –actualmente con un 30% de representantes gubernamentales y un 70% de representantes de 30 sectores de la sociedad civil–, y han hecho que realmente ejerza su función: ser consultora y asesora para los gobiernos nacional, departamentales y municipales, para incidir de forma efectiva y pertinente en la toma de determinaciones que afectan, de forma directa o indirecta, la construcción integral de la paz y de una cultura de no-violencia.


Monseñor Héctor Fabio Henao, quien fuese por muchos años el director del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas (SNPS), y quien es el fundador y director de la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz-FICONPAZ, fue nombrado primer presidente del nuevo Consejo, y su principal reto fue enfrentarse a preguntas veladas que se hacían desde muchos sectores: ¿cómo organizarnos y hacer efectiva la voz colectiva, para que sea escuchada y considerada por los distintos niveles gubernamentales, en diversos territorios? ¿Cómo conformar y, sobre todo, dar vida a los consejos regionales y locales? ¿Cómo articularlos entre sí? ¿Cómo vehicular, desde las bases, decisiones, comunicaciones y propuestas hasta la instancia nacional, para que no se dispersen los esfuerzos y no se difumine o distorsione la voz?


Alejandro Pérez participó en ese primer momento desde SNPS-Cáritas en la definición y la puesta en marcha del Consejo Nacional, y por ello nos cuenta la trascendencia que tiene ese organismo y algunos retos superados:


La importancia del Consejo es que realmente es la instancia de participación más diversa que tiene la sociedad colombiana (participan niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y personas de otros géneros, campesinos, organizaciones civiles, distintos sectores…) que está reglamentada y reconocida en el orden jurídico.


Al principio, nos enfrentamos a retos prioritarios. Uno fue cómo hacer, considerando esa diversidad, una construcción de política pública de manera articulada, escuchando a las regiones, a la ruralidad y a los sectores participantes para que se sintieran incluidos; eso implicaba preguntarse cómo organizarnos, cuál iba a ser el reglamento interno, cómo se iba a trabajar en las comisiones. Por otra parte, estaba el constituir los consejos territoriales (departamentales y municipales). Y uno más fue que, por el proceso de paz que se estaba adelantando, era necesario pensar cómo garantizar y tener participación en la implementación de los acuerdos.


Comenzó, entonces, todo un esfuerzo pedagógico y de acompañamiento para fortalecer los consejos territoriales, así como para motivar la participación, el compromiso y la implicación civil, de tal manera que la sociedad se apropiara de esos espacios y mecanismos de participación civil. Nació, entonces, ConPaz, con apoyo de entidades como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como comenta Alejandro, ahora gerente del programa:


“Comenzamos en 10 regiones, con 50 consejos de paz, con dos objetivos muy sencillos.


El primero, de fortalecimiento interno. Eso implica revisar, por ejemplo, decretos nacionales, acuerdos municipales y ordenanzas departamentales; crear el reglamento interno; definir el plan de trabajo a cumplir en un tiempo determinado, para que las acciones no vayan a la deriva; capacitar para facilitar la comprensión de conceptos y procesos que ni siquiera los gobernantes a veces comprenden (qué implica ser consejero o consejera, cuál es su alcance y rol, cuál es la diferencia entre el Consejo y lo que hacen otros estamentos, como la figura de Alto Comisionado para la Paz, por ejemplo).


Es importante destacar, en este punto, que es cada sector el que se organiza, el que define sus representantes; no es quien encabece la alcaldía o la gobernación, o nosotros. Por ejemplo, son los campesinos quienes eligen a sus campesinos, o los grupos de mujeres las que escogen quiénes llevarán sus voces.


El segundo objetivo es de fortalecimiento externo para hacer que se conviertan en espacios relevantes de construcción de paz y conciliación, mediante acciones específicas transformadoras. Es decir, cuando ya tenemos una instancia articulada, organizada, comenzamos a acompañar y animar las acciones que definen en su plan. Por ejemplo, en algunas regiones, hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC en sus territorios, o hacer que el tema de paz se incluya en los planes de desarrollo que definen alcaldes y gobernadores y que aprueban concejales locales o miembros de las asambleas departamentales.


La primera etapa del programa terminó (en 2023) con 125 consejos en funcionamiento, en 13 departamentos de Colombia.


Los Consejos de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización son hoy una realidad en ejercicio; un movimiento que, incluso, está siendo esencial para la tramitación de conflictividades locales entre la sociedad civil (en la ciudad de Cali y en el departamento de Caquetá, por ejemplo, hay casos significativos). También, para la gestión de problemáticas ambientales, la promoción del respeto a la dignidad humana, temas relacionados con la diversidad de género, la atención de situaciones asociadas a la movilidad humana (interna o transnacional) y al desplazamiento forzado, o la unión con la institucionalidad local para desarrollar diversos proyectos que buscan el bien común, el bien de la casa común, tratando de evitar las vías de hecho, como explica Alejandro.


Promover el seguimiento desde la sociedad civil a la implementación de los acuerdos de paz ha sido de lo más destacado, porque eso no es solo responsabilidad de la Procuraduría o los países garantes. También, las acciones y la incidencia para hacer efectiva la justicia restaurativa; el haber podido organizarse para realizar propuestas y jalonar recursos para hacerlas posibles, trabajando mancomunadamente con la institucionalidad, o el participar en diálogos regionales hechos para diseñar o validar el plan de desarrollo nacional en el actual gobierno.


ConPaz ha sido, pues, una experiencia que está dejando muchos aprendizajes no solo para Colombia, sino para todos nuestros países de América Latina y El Caribe, pues si bien ese tipo de consejo se ha utilizado en diversos países del mundo para hacer posible la paz, el proceso de fortalecimiento, de animación, de acompañamiento y de seguimiento llevado a cabo ha posibilitado dar continuidad, estabilidad y proyección a las voces y a los esfuerzos, desde enfoques de pluralidad y equidad.

Además, ha dejado materiales educativos y documentación muy valiosa, que contribuye al fortalecimiento de los Consejos, pero que, también, puede servir para orientar procesos e instancias similares, esto, gracias a la creación de una caja de herramientas en línea llamada La despensa de la Paz, sitio web que: encuentra su inspiración en el Respuestario para los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, esfuerzo conjunto entre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia – MAPP-OEA, el Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana, la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz – FICONPAZ y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz – OACP, para brindar herramientas que promuevan y fortalezcan instancias de participación ciudadana, especialmente para fortalecer y promover los CTPRC” (Caja de herramientas en línea https://despensadelapazficonpaz.com/).


De todas formas, aún quedan muchos retos, como el seguir construyendo condiciones para derribar muros financieros o culturales que ponen barreras a las potencialidades que tienen los consejos territoriales. Por ejemplo, para que los diálogos en esos mismos espacios sean pacíficos, sin hostilidades; o el aprender a valorar la diversidad de actores que pueden participar, que pueden sentarse a construir en la misma mesa, el empresario más reconocido, un campesino, una persona excombatiente, o una persona sin estudios formales. También, el desmitificar ideas dañinas, como que quien hace parte de la sociedad civil participativa es de una posición política de izquierda adversa a la democracia o en combate con la institucionalidad; e igualmente, el construir cultura política, de lo que es ejercer la política desde la ciudadanía; seguir favoreciendo y animando la democracia local; el mancomunar capacidades, o el seguir buscando, juntos, la apropiación completa de la seguridad civil.


El futuro se construye desde el presente, lo mismo que la paz. Por eso es de destacar, para quienes hacemos parte de esta Comunidad de Práctica, esta experiencia que nos permite aprender del programa Fortalecimiento a los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, ConPaz.

Para más información, se recomienda consultar:

Textos: Gloria Londoño Monroy

Fotografías: FICONPAZ

2023

 
 
 
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    Caminando hacia la Paz
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En el diccionario de la paz, abordamos el concepto de SORORIDAD, desde las vivencias y aportes de caminantes de paz de República Dominicana, Colombia, El Salvador y México.



Caminando Hacia la Paz - Comunidad de Práctica

© 2023

 
 
 
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    Caminando hacia la Paz
  • 20 mar 2024
  • 9 Min. de lectura

Comunidad Óscar Arnulfo Romero, COAR: 43 años de atención integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes salvadoreños sobrevivientes de situaciones de violencia


Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son más que un sueño plasmado en papel: son una guía para mejorar progresivamente las condiciones de vida de todas las personas y comunidades, en cualquier territorio del mundo. Entre ellos están el 16, de paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, de alianzas institucionales, con los cuales la Iglesia está profundamente vinculada y comprometida. En El Salvador, la Comunidad Óscar Arnulfo Romero, mejor conocida como COAR, es una de esas organizaciones que expresan su compromiso con el cumplimiento de las metas de los ODS desde la fe y la luz del Evangelio.


La obra —afiliada a la Arquidiócesis de San Salvador, encabezada actualmente por monseñor José Luis Escobar Alas, con el acompañamiento del Pbro. Edwin Enríquez, vicario episcopal de Promoción Humana de la Arquidiócesis, y con gran apoyo de la Iglesia católica de Estados Unidos de América—, comenzó su trasegar hacia la construcción de paz en 1980, cuando Ken Myers, sacerdote y misionero católico de Cleveland (EE. UU.), que servía en Zaragoza (El Salvador), fundó un recinto para acoger y atender a la niñez afectada por múltiples conflictos que ese mismo año detonaron la ‘guerra civil salvadoreña’ (1980-1992). Tal lugar, verdadero hogar para niños, niñas y adolescentes refugiados, provenientes de todas las regiones del país, recibió su nombre en honor a mmonseñor Óscar Arnulfo Romero, portavoz de las personas pobres, marginadas y vulnerables, asesinado ese mismo año por miembros del ejército, declarado mártir por la Iglesia, beatificado años después y canonizado en 2018.


Así pues, desde su fundación, ha estado al servicio de la infancia y la adolescencia, en particular cuando niñas, niños y adolescentes han vivido experiencias traumáticas que atentan contra su dignidad, y que les impiden ser agentes de cambio, tanto para ellos como para las comunidades. Eso lo logra no solo manteniendo el hogar original (COAR Children Village, COARCV; COAR Villa de los Niños y Niñas), el cual brinda una atención integral en las diferentes áreas de desarrollo humano, sino también gracias a las alianzas con otras instituciones fundamentales para apoyar a jóvenes externos al hogar para que puedan construir habilidades sociales y laborales; igualmente, con organizaciones privadas orientadas a la niñez (nacionales e internacionales), otras instancias o entidades de la Iglesia (salvadoreñas o de otros países) y actores públicos-gubernamentales. Por ejemplo, para proteger a niños, niñas o adolescentes que cuentan con medidas de cuidado alternativo o de restitución de sus derechos; para ofrecer becas de estudio para que los adolescentes y jóvenes que culminan sus bachilleratos puedan continuar su educación formal y desplegar, así, sus talentos, conocimientos y competencias; o para ayudar a jóvenes sin entornos familiares estables para que consoliden su proceso de independización al llegar a la adultez, entre otras acciones.


Marta Elizabeth Calderón es directora de COARCV, y nos cuenta que, aunque en estos 43 años las condiciones salvadoreñas han cambiado, el sentido de la organización ha permanecido, al dignificar vidas y transformar las historias de las personas acompañadas, promoviendo la reconciliación con ellas mismas, primero, para que luego puedan promover y realizar por sí mismas cambios positivos en sus entornos familiar, comunitario y social:


En 1992 se firmó el acuerdo de paz (se refiere a los Acuerdos de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992 entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en el Castillo de Chapultepec, México). Entonces, muchos niños, niñas y adolescentes comenzaron a regresar a sus entornos familiares. Al llegar, se encontraron una sociedad compleja, herida, con profundo dolor por tantas pérdidas de la guerra y sin apoyo para su recuperación. Una sociedad con unas características distintas a las que habían dejado antes de marcharse: ya no con violencias por los enfrentamientos armados, pero sí con una violencia social difusa. A eso se sumaban las soledades, los vacíos, los miedos y las desconfianzas de los que retornaban, y las necesidades enormes de una familia y de una Iglesia que los acogiera. Llegaban a un entorno caracterizado por la injusticia, principal estrago de una guerra, y por el maltrato.


En su mayoría, esos niños y niñas no eran huérfanos por ausencia de padre y/o madre debido a su fallecimiento, sino en el sentido de que estos no eran responsables, no les garantizaban sus derechos y no les ofrecían una vida plena.


En ese contexto de dolor marcado, viviendo una historia de posguerra, los niños, niñas y adolescentes no tenían las condiciones de vida que necesitaban, apoyo para su recuperación, herramientas de crianza y ni el amor que les permitiera crecer para ser hombres y mujeres plenos en su desarrollo.


Por eso COAR se volcó en ser una familia para ellos y ellas, para que no perdieran esa base o núcleo de apoyo fundamental, para que construyeran valores de familia y para que tuvieran una vida con dignidad.


En los primeros años, las experiencias fueron duras, pero les dejaron grandes enseñanzas. Por ejemplo, además del hogar principal (la Villa, ubicada en el municipio de Zaragoza, departamento La Libertad), construyeron una red de viviendas donde convivían niños, niñas y/o adolescentes con personas adultas que los cuidaban y acompañaban, pero pronto vieron que algunos de quienes llevaban a sus hijos, hijas o familiares a cargo para que vivieran allí, debido a sus situaciones de extrema pobreza, muchas veces se desentendían, lo que motivó rediseñar el modelo de atención para involucrar más a las familias.


Por otra parte, también se evidenció la necesidad de una normativa de país que definiera los criterios para garantizar a la niñez y adolescencia el ejercicio de sus derechos, lo cual solo se logró en 2009, cuando se creó el Sistema Nacional de Protección Integral y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA, derogada en 2023). No obstante, poco después, pese a la existencia del marco legal, notaron que si bien algunos niños y niñas deseaban reintegrarse a sus familias, estas no tenían las condiciones para recibirlos o, peor aún, que al hacerlo los desatendían o maltrataban. De ahí que también comenzaron a pensar en la necesidad de trabajar para que las familias tuvieran la preparación no solo económica, sino integral, para acompañar el crecimiento de quienes eran atendidos.


De otro lado, el modelo de atención institucional se centró, al inicio, en la ‘formación del ser’, pero a medida que los niños y niñas crecían y se convertían en jóvenes, también requerían competencias para insertarse en el sistema económico, de ahí que poco a poco fueron fortaleciéndolo con una ‘formación del ser para el hacer’. Además, notaron que esos y esas adolescentes que llegaban a la juventud necesitaban también no sentirse abandonados a su suerte tras cumplir la mayoría de edad legal, requiriendo acompañamiento y formación para hacer realidad su proyecto de vida.


Así pues, poco a poco, las anécdotas y los testimonios difíciles, en voces de quienes recibían atención y protección, así como los aprendizajes de las personas que hacían parte de la Comunidad COAR, fueron enriqueciendo la propuesta metodológica identitaria, que tiene, en la actualidad, además de ese enfoque en el ser para el hacer a la luz del Evangelio, otras particularidades. Por una parte, que sean los mismos niños, niñas y adolescentes (de 0 a 17 años, especialmente, aunque también algunos jóvenes) los protagonistas de su propio desarrollo, propiciando sus habilidades de participación y dejando de lado estilos adultocentristas. Por otra, el involucramiento fuerte de las familias, las comunidades y los entornos sociales en los procesos de formación, acompañamiento y atención (primaria, secundaria y terciaria), por ejemplo, ofreciéndoles, de forma permanente, espacios de formación en ‘escuelas de padres y madres’. Por otra más, el diseño y desarrollo para cada niño, niña o adolescente, de un plan de acompañamiento personalizado desde una perspectiva integral, la cual incluye componentes de salud (medicina general y especializada, odontología, atención psicológica, nutrición), educación (formal, informal y para el trabajo y la vida), protección, ética, espiritualidad y comunicación participativa. Así lo describe Marta:


Cuando recibimos solicitudes de ayuda, lo que hacemos es analizar cada caso y hacer un plan de acompañamiento a la medida, que integre todas las áreas de desarrollo humano, no enfocándonos en la historia de esa persona, sino en el daño que en la actualidad está experimentando, evidenciando y expresando. Sí, retomamos su historia, pero la trabajamos para que ese humano, hijo de Dios, sane.


En ese plan incluimos la salud integral, educación formal, educación para desplegar habilidades laborales y educación informal para el desarrollo del ser. También tratamos de construir una ética personal en los niños, las niñas, las y los adolescentes que atendemos, que va más allá de los valores, pues estos son subjetivos, para incluir acuerdos innegociables orientados al bien común.


Además, ponemos mucha atención a la parte emocional, atendiendo los traumas, porque estamos convencidos de que si no se hace un proceso de recuperación, ese niño o esa niña no podrá enfocarse en su proyecto de vida.


De ahí que demos importancia a la espiritualidad, pues sea cual sea la filiación religiosa del niño, la niña o el o la adolescente, o sea que estén enojados con Dios por lo que les ha sucedido, consideramos que esa parte es significativa para ayudarles a reconstruir sus vidas. De ahí que lo hagamos desde los principios del Evangelio, pero respetando el credo de todas las personas, por ejemplo, algunos participan en oraciones ecuménicas.


Por otra parte, atendemos la relación de esa persona con su comunidad, y para eso, empleamos estrategias de comunicación participativa, como los círculos de diálogo y de reflexiones comunitarias, en las que se le garantice a ese niño, niña o adolescente su derecho a la participación y a la crítica constructiva. Por ejemplo, se les acompaña para que participen en campañas para promover el conocimiento y el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia (orientadas a los mismos niños, niñas y adolescentes, y a otras personas adultas); en encuentros regionales y actividades con las parroquias de sensibilización de la garantía de esos derechos; en campañas para sensibilizar sobre la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes que están en tránsito en los países centroamericanos debido a procesos de migración irregular; en procesos formativos para la prevención de violencias en centros educativos; y en programas para que, mediante alianzas estratégicas (con universidades, por ejemplo), los jóvenes que terminan sus estudios de bachillerato tengan posibilidades para ingresar a la universidad o tengan acceso a empleos dignos.


Así, incidimos en sus vidas, para que sanen sus heridas emocionales y espirituales, desaprendan formas inadecuadas y aprendan otras más sanas para relacionarse con ellos mismos, con sus familias, la comunidad y la sociedad en general.


Desde hace más de 40 años, COAR es, pues, esperanza, oportunidades y conocimiento al servicio de la construcción de paz; una organización que gracias a muchas personas e instituciones amigas, y al acompañamiento y apoyo de la Arquidiócesis de San Salvador, ha escalado en su alcance gracias a que ha aprendido de sus experiencias y a que siempre tiene puesta su atención en los retos que depara el futuro. Por eso, Marta nos advierte sobre algunos retos que están afrontando, como lo son la falta de sensibilidad y los pensamientos radicales en cuanto a los procesos formativos hacia la niñez y la adolescencia que identifican en la sociedad salvadoreña actual; la poca priorización o el desinterés que se evidencia en la agenda de Estado para contribuir al desarrollo integral de los niños y las niñas, pues si bien hay discurso, de este no se pasa a la acción y a la inversión pública; y, de forma especial, la gravedad de las heridas emocionales y espirituales de la población atendida:


Cada vez es más profundo el dolor y el daño emocional; por lo tanto, los procesos de recuperación son más lentos y complejos. Esto nos sitúa ante enormes desafíos, especialmente tras la pandemia; por ejemplo, en el área educativa identificamos que hay muchos adolescentes que, por deficiencia en el acceso y garantía de sus derechos, no asistieron a la escuela en modalidad a distancia en esa época y que, incluso, actualmente están totalmente desescolarizados. Eso los afecta grandemente porque experimentan grados de frustración y exclusión muy altos.


También hemos visto que el sistema educativo formal no está preparado para atender esa ansiedad y frustración que traen al regresar a la escuela los niños, las niñas y jóvenes, especialmente los que atendemos, por sus condiciones de vulnerabilidad, y por eso, a veces, en vez de ayudarles, lo que hacen es que retrocedan en el proceso de recuperación del trauma. De ahí que debamos fortalecer el trabajo con las comunidades académicas y el sistema de protección.


Es mucho el camino recorrido en estos 43 años de funcionamiento, pero también, largo, dificultoso y lleno de retos, aquel por el que esperan avanzar muchas décadas más para contribuir no solo al logro de las metas de los ODS, sino, además, para cumplir con ese llamado que Jesús hace en el Evangelio: trabajar por la dignidad humana y la construcción del Reino, sin distinción alguna, abrazando a todos y todas… “Sanando corazones, dignificando vidas” como reza el lema que los mismos niños, niñas y adolescentes eligieron para la efeméride de esta entidad que forma parte de nuestra comunidad de práctica Caminando Hacia la Paz.

Para información complementaria, se recomienda consultar:

Textos: Gloria Londoño Monroy

Fotos: COAR

2023

 
 
 
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