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- 26 jun
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in memoriam
Por el equipo de la Plataforma de Paz, Cohesión Social y Justicia de CRS/LACRO
En los días posteriores a su partida, hemos sentido más cerca su presencia en nuestros recuerdos. Volvemos, casi inevitablemente, a aquel encuentro en Bogotá, en 2022, en medio de los últimos coletazos de la pandemia, cuando fue reconocida como una de las ganadoras del certamen “Mujeres construyendo justicia y paz en América Latina y el Caribe” realizado por la comunidad de práctica Caminando Hacia la Paz. Nos recibió con serenidad y cierta seriedad, pero bastaron unos momentos para reconocer que estábamos frente a una mujer de inmenso corazón: tejedora incansable, caminante de la paz, defensora de los derechos humanos y de la memoria. No nos dejó ir sin compartir algo de su mundo: la calidez de su tierra, su cariño profundo y uno de sus tejidos, como recuerdo vivo de aquel encuentro.
Llegar a su espacio fue también parte de la experiencia. Tras buscar durante un largo rato en la fría Bogotá, su tienda apareció como un refugio inesperado: abigarrada aunque acogedora, en penumbra aunque luminosa, estrecha en apariencia pero enorme para acoger, enseñar, intentar aprender y reír, mucho reír. Allí probamos delicadezas locales, escuchamos su voz a manera de insignia y apreciamos vestuarios y tejidos de colores anudados en la garganta. De aquel encuentro nos queda la certeza de haber compartido con una mujer extraordinaria, llena de una vida incapaz de morir con ella.
Para nosotras y nosotros, Virgelina encarnaba la fuerza de tantas mujeres que han vivido en la lucha constante, sacando adelante a su familia, su comunidad, su organización y su causa. Nos marcó profundamente escucharla hablar del revestimiento del Palacio de Justicia en Bogotá con los tejidos de las memorias de las mujeres que han sufrido violencia: violencia por ser mujeres, por ser afrocolombianas, por vivir en entornos violentos, por estar en medio de fuegos cruzados.
En su palabra y en su obra comprendimos cómo se va reconstruyendo la sociedad colombiana después de tanta violencia, cómo las comunidades afrocolombianas van sanando después de tanto racismo, exclusión y discriminación. Su trabajo no era solo arte: era memoria viva, era denuncia, era camino hacia la justicia y la paz.












Virgelina Chará mostrando parte de su trabajo en el Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 2022. Fotografías: Cecilia Suárez
Virgelina fue, para nuestra comunidad, una muestra viva de ese tejido de memoria que se reconstruye y sana, porque vuelve a cubrir a quienes fueron violentados y los acoge de nuevo. En ese gesto, el tejido también cobija a la justicia, incluso cuando esta no sabe cómo responder ante tanto sufrimiento y desolación. Su laboriosa manera de contar la historia y atesorar la memoria de las mujeres sigue siendo un alivio para nuestros corazones.
También fue una mujer que nunca dejó a nadie fuera. En su presencia nos sentimos bienvenidas y bienvenidos, arropadas y acompañados. No nos dejó caminar solas ni solos. Incluso en la distancia, siguió tejiendo comunidad: nos acompañó virtualmente en noviembre de 2025, compartiendo con mujeres latinoamericanas su trabajo y su red sorora de tejido.
Hoy la extrañamos profundamente. Su ausencia deja un vacío que tendremos que llenar con nuevos tejidos de memoria colectiva, mientras seguimos sanando y buscando justicia para las mujeres, los pueblos y nuestras queridas patrias. Pero también nos deja una tarea y una certeza: su tejido se multiplicó y llegó hasta nuestros corazones.
Gracias, Virgelina, por enseñarnos a alzar la voz sin renunciar a la paz, por no quedarte callada y por recordarnos que la memoria puede ser un camino de justicia y de sanación.
Seguiremos tejiendo.
No te olvidamos.

Virgelina Chará, con las representantes de Caminando Hacia la Paz, Michelle Iturbe, Isabel Aguilar Umaña y Cecilia Suárez, recibiendo el reconocimiento de ganadora del certamen "Mujeres construyendo justicia y paz en América Latina y el Caribe", Bogotá, 2022.
Fotografía: Ricardo Contreras
APRENDIZAJES DESDE COLOMBIA Y MÉXICO

En distintos territorios de América Latina y el Caribe la violencia no se expresa solo a través de hechos aislados o eventos excepcionales: se convierte en una forma de control cotidiano que regula la vida social, económica y política de comunidades enteras. A este fenómeno se le conoce como gobernanza criminal, una situación en la que grupos ilegales ejercen control de facto sobre el territorio, imponen reglas, administran “permisos”, dominan economías locales y condicionan procesos políticos, a menudo con la tolerancia, colusión o protección de actores estatales.
Este artículo retoma ideas centrales discutidas en un conversatorio regional sobre macrocriminalidad y gobernanza criminal y las aterriza en dos experiencias concretas de resistencia comunitaria, una en contextos urbanos de Colombia y otra en una comunidad indígena de México.[i]
¿Qué significa hablar de gobernanza criminal?
La gobernanza criminal no se limita a la existencia de delitos. Describe la capacidad de ciertos grupos para gobernar de facto un territorio, ocupando espacios que el Estado no controla o donde existe una “zona gris” entre lo legal y lo ilegal. En esta dinámica, el crimen requiere información, tolerancia o protección para operar y, a cambio, ofrece dinero, coerción o control político.
Este tipo de control suele manifestarse en tres grandes dimensiones:
Política: Manipulación o presión electoral, amenazas a candidaturas, cooptación institucional y captura de autoridades locales clave.
Económica: Extorsión, dominio de mercados locales, infiltración en contratos públicos y explotación de recursos naturales.
Social: Imposición de reglas sobre la vida diaria (movilidad, horarios), castigos, mediación de conflictos y provisión selectiva de bienes o “ayudas”.
Cuando el control se vuelve parte de la vida cotidiana
Una vez consolidada, la gobernanza criminal se percibe en decisiones muy concretas: retenes y permisos para entrar o salir de un barrio; toques de queda informales; restricciones para circular; control de quién puede vender determinados productos o prestar ciertos servicios, y ocupación de espacios públicos para actividades ilícitas.
En algunos contextos, estos grupos recurren a prácticas de aparente “asistencia” —como la entrega de despensas, la imposición de medidas sanitarias durante la pandemia o regalos en fechas específicas— con el objetivo de ganar legitimidad, normalizar su presencia y construir aceptación social.
Impactos en la democracia, la sociedad civil y la cultura
La gobernanza criminal erosiona la vida pública de manera profunda. No solo incrementa los riesgos, sino que reduce opciones, limita la participación y fragmenta el tejido social. Entre sus impactos más frecuentes se encuentran:
Políticos: Cooptación de partidos políticos, inhibición del voto y ataques sistemáticos a autoridades, especialmente locales, debilitando consecuentemente la democracia representativa.
Sociales: Silenciamiento de comunidades enteras y agresiones contra liderazgos sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y referentes religiosos, lo que debilita el derecho a organizarse o protestar.
Culturales: Normalización de la violencia y reconfiguración del territorio, donde los espacios de encuentro se transforman en lugares de miedo.
Movilidad y futuro: Reclutamiento forzado —en particular de jóvenes—, encadenamiento de delitos, desplazamiento y migración interna o internacional.
Aprendizajes desde el territorio: Colombia y México
Frente a este panorama, dos experiencias compartidas en el conversatorio muestran que la organización comunitaria puede abrir grietas en el control del miedo.
En contextos urbanos de Colombia, marcados por economías ilegales, restricciones de movilidad y violencia persistente, la respuesta comunitaria ha apostado por disputar el territorio desde la cultura, la memoria y la presencia colectiva. Carnavales, música, procesos artísticos, actividades juveniles y acciones de resignificación del espacio público han permitido recuperar parques y calles, disminuyendo el miedo a habitar lo común. Aunque estas iniciativas no resuelven por sí solas la violencia estructural, sí generan un efecto crucial: devolverle a la comunidad la voz, la presencia y la capacidad de cuidarse.
En una comunidad indígena de México, la gobernanza criminal se expresó durante años en el saqueo de recursos naturales, extorsiones y violencia extrema, en un contexto de profunda desconfianza institucional. La respuesta fue un proceso de autoprotección territorial y autogobierno comunitario, basado en el control de accesos, la vigilancia vecinal, la protección del territorio y el fortalecimiento de la asamblea como máxima autoridad. Con el tiempo, esto permitió mejorar sustancialmente la seguridad interna y revitalizar la vida comunitaria. A pesar de los desafíos persistentes, una lección se mantiene firme: negociar con el crimen puede significar abrir la puerta a su rearticulación.
Recuperar lo común como forma de protección
Ambas experiencias, distintas en su contexto, pero similares en su lógica, comparten aprendizajes clave. La comunidad organizada funciona como un contrapeso real frente al crimen; la alegría, la cultura y la presencia colectiva son herramientas políticas; las mujeres ocupan un lugar central en el cuidado y la transformación, y el territorio es un espacio vivo que se reconstruye desde las relaciones y el sentido de pertenencia.
La gobernanza criminal no busca necesariamente reemplazar al Estado, sino asegurar control y rentas. Por ello, además de políticas públicas eficaces, resulta imprescindible fortalecer lo comunitario. Lo aprendido en Colombia y México muestra que, cuando la comunidad se activa, el territorio deja de ser solo un lugar y vuelve a ser un nosotros.
[i] Por razones de seguridad, no se mencionan nombres de panelistas, personas participantes, ni referencias territoriales específicas.
