Gobernanza criminal y resistencia comunitaria en América Latina

APRENDIZAJES DESDE COLOMBIA Y MÉXICO

En distintos territorios de América Latina y el Caribe la violencia no se expresa solo a través de hechos aislados o eventos excepcionales: se convierte en una forma de control cotidiano que regula la vida social, económica y política de comunidades enteras. A este fenómeno se le conoce como gobernanza criminal, una situación en la que grupos ilegales ejercen control de facto sobre el territorio, imponen reglas, administran “permisos”, dominan economías locales y condicionan procesos políticos, a menudo con la tolerancia, colusión o protección de actores estatales.

Este artículo retoma ideas centrales discutidas en un conversatorio regional sobre macrocriminalidad y gobernanza criminal y las aterriza en dos experiencias concretas de resistencia comunitaria, una en contextos urbanos de Colombia y otra en una comunidad indígena de México.[i] 

¿Qué significa hablar de gobernanza criminal?

La gobernanza criminal no se limita a la existencia de delitos. Describe la capacidad de ciertos grupos para gobernar de facto un territorio, ocupando espacios que el Estado no controla o donde existe una “zona gris” entre lo legal y lo ilegal. En esta dinámica, el crimen requiere información, tolerancia o protección para operar y, a cambio, ofrece dinero, coerción o control político.

Este tipo de control suele manifestarse en tres grandes dimensiones:

• Política: Manipulación o presión electoral, amenazas a candidaturas, cooptación institucional y captura de autoridades locales clave.

• Económica: Extorsión, dominio de mercados locales, infiltración en contratos públicos y explotación de recursos naturales.

• Social: Imposición de reglas sobre la vida diaria (movilidad, horarios), castigos, mediación de conflictos y provisión selectiva de bienes o “ayudas”.

  
  

Cuando el control se vuelve parte de la vida cotidiana

Una vez consolidada, la gobernanza criminal se percibe en decisiones muy concretas: retenes y permisos para entrar o salir de un barrio; toques de queda informales; restricciones para circular; control de quién puede vender determinados productos o prestar ciertos servicios, y ocupación de espacios públicos para actividades ilícitas.

En algunos contextos, estos grupos recurren a prácticas de aparente “asistencia” —como la entrega de despensas, la imposición de medidas sanitarias durante la pandemia o regalos en fechas específicas— con el objetivo de ganar legitimidad, normalizar su presencia y construir aceptación social.

Impactos en la democracia, la sociedad civil y la cultura

La gobernanza criminal erosiona la vida pública de manera profunda. No solo incrementa los riesgos, sino que reduce opciones, limita la participación y fragmenta el tejido social. Entre sus impactos más frecuentes se encuentran:

• Políticos: Cooptación de partidos políticos, inhibición del voto y ataques sistemáticos a autoridades, especialmente locales, debilitando consecuentemente la democracia representativa.

• Sociales: Silenciamiento de comunidades enteras y agresiones contra liderazgos sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y referentes religiosos, lo que debilita el derecho a organizarse o protestar.

• Culturales: Normalización de la violencia y reconfiguración del territorio, donde los espacios de encuentro se transforman en lugares de miedo.

• Movilidad y futuro: Reclutamiento forzado —en particular de jóvenes—, encadenamiento de delitos, desplazamiento y migración interna o internacional.

  
  

Aprendizajes desde el territorio: Colombia y México

Frente a este panorama, dos experiencias compartidas en el conversatorio muestran que la organización comunitaria puede abrir grietas en el control del miedo.

En contextos urbanos de Colombia, marcados por economías ilegales, restricciones de movilidad y violencia persistente, la respuesta comunitaria ha apostado por disputar el territorio desde la cultura, la memoria y la presencia colectiva. Carnavales, música, procesos artísticos, actividades juveniles y acciones de resignificación del espacio público han permitido recuperar parques y calles, disminuyendo el miedo a habitar lo común. Aunque estas iniciativas no resuelven por sí solas la violencia estructural, sí generan un efecto crucial: devolverle a la comunidad la voz, la presencia y la capacidad de cuidarse.

En una comunidad indígena de México, la gobernanza criminal se expresó durante años en el saqueo de recursos naturales, extorsiones y violencia extrema, en un contexto de profunda desconfianza institucional. La respuesta fue un proceso de autoprotección territorial y autogobierno comunitario, basado en el control de accesos, la vigilancia vecinal, la protección del territorio y el fortalecimiento de la asamblea como máxima autoridad. Con el tiempo, esto permitió mejorar sustancialmente la seguridad interna y revitalizar la vida comunitaria. A pesar de los desafíos persistentes, una lección se mantiene firme: negociar con el crimen puede significar abrir la puerta a su rearticulación.

Recuperar lo común como forma de protección

Ambas experiencias, distintas en su contexto, pero similares en su lógica, comparten aprendizajes clave. La comunidad organizada funciona como un contrapeso real frente al crimen; la alegría, la cultura y la presencia colectiva son herramientas políticas; las mujeres ocupan un lugar central en el cuidado y la transformación, y el territorio es un espacio vivo que se reconstruye desde las relaciones y el sentido de pertenencia.

La gobernanza criminal no busca necesariamente reemplazar al Estado, sino asegurar control y rentas. Por ello, además de políticas públicas eficaces, resulta imprescindible fortalecer lo comunitario. Lo aprendido en Colombia y México muestra que, cuando la comunidad se activa, el territorio deja de ser solo un lugar y vuelve a ser un nosotros.

[i] Por razones de seguridad, no se mencionan nombres de panelistas, personas participantes, ni referencias territoriales específicas.